El arqueólogo británico denuncia la actividad de los cazatesoros y dice que los españoles debemos estar orgullosos de haberles plantado cara
Joe Flatman, desde el Instituto de Arqueología de la Universidad Central de Londres, le da una voz nueva a la arqueología subacuática de Gran Bretaña, un país con envidiable actividad científica y publicaciones, comparado con España. Como buen arqueólogo, Flatman critica abiertamente algunas prácticas del Gobierno inglés, sobre todo sus contratos con cazatesoros (Odyssey Marine Exploration es su mejor «cliente»).
Orgulloso del papel de las organizaciones civiles, Flatman sigue en ello una senda envidiable, abierta por otros colegas como George Lambrick, que denunció el contrato de Londres con Odyssey en el seno de ICOMOS y anunció que acabaría en un expolio… ¡en 2002! Desgraciadamente, el tiempo le dio la razón en solo 5 años al conocerse el caso de la fragata «Mercedes». En España también hubo entonces denuncias de lo que pasaba, como la de los arqueólogos de Nerea o los Ecologistas en Acción, pero tal vez fueron poco valoradas por los responsables estatales y autonómicos de patrimonio. En todo caso, Joe Flatman rompe una lanza por la arqueología científica en un país cuyo papel en el caso Odyssey no fue claro.
-¿Qué opina del caso de España contra Odyssey? ¿Cree que sentará precedente o cambiará el negocio de los cazatesoros?
-La Convención de la Ley del Mar es un proceso increíblemente complicado. No soy experto en la ley pero estoy muy contento por el resultado del caso que sí creo que supone un potencial precedente legal que favorecerá la protección del patrimonio sumergido. Fue fantástico que España se personase en el caso emprendiendo una acción de la que todos los españoles deberían estar orgullosos, ya que fue una decisión audaz de plantarse y defender como nación sus derechos culturales. Pero habrá que ver si cambia la naturaleza del negocio cazatesoros. Tristemente hay tantos pecios y tal cantidad de cazatesoros que solo podemos creer que el expolio continuará. Si otras naciones dan pasos en la misma dirección puede que el precedente funcione. En todo caso, debemos plantear que habría que revisar la Ley del Mar a la luz de lo sucedido.
-¿Cree que los acuerdos del Gobierno británico con Odyssey (para rescatar el “HMS Sussex” o más recientemente el “HMS Victory”) son contrarios a la arqueología?
-Estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo George Lambrick: los acuerdos de mi Gobierno con Odyssey son contrarios a la buena práctica arqueológica y también a la legislación internacional de protección del patrimonio.Francamente, considero ilegales esas actividades del Reino Unido, porque están en directa contradicción tanto con la ley nacional de Patrimonio como con la internacional, y sobre todo con la Convención Europea de Protección del Patrimonio Arqueológico, firmada en Valetta en 1992. En particular con su artículo 10 que previene de la «circulación ilícita de elementos del patrimonio arqueológico». Por si fuera poco, el Reino Unido puede no haber firmado aún la Convención de la Unesco de 2001 sobre el patrimonio sumergido (y no veo ningún motivo para que no lo haga en el futuro), pero ha afirmado repetidamente que acata el espíritu del anexo de ese texto, cuya regla número 2 explícitamente asevera que «el expolio comercial del patrimonio cultural sumergido para la venta o la especulación o para su dispersión irreparable es fundamentalmente incompatible con la protección y la gestión apropiada del patrimonio cultural sumergido».
-Es usted bastante duro con su Gobierno. En España, donde ese nivel de crítica no se ha oído aún contra la incuria que dio lugar al caso Odyssey, envidiamos el papel de la sociedad civil inglesa, que está involucrada en la protección del patrimonio…
-Me gustaría señalar que el Reino Unido es afortunado por tener un número tan grande de organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio cultural marino. Desde el Comité Conjunto de Política Arqueológica Náutica (JNAPC, por sus siglas inglesas) hasta la Sociedad de Arqueología Náutica (NAS) o el Consejo de Arqueología Británica (CBA), y otras. Todas tienen muchos miles de miembros dedicados a la protección y el conocimiento del patrimonio, y trabajan y presionan al Gobierno para que actúen en el mejor interés del patrimonio y la sociedad. Además, pertenecen a asociaciones mayores de mayor ámbito, como el ACUA, un órgano consultivo de carácter internacional.
-¿Cree, como algunos tanto en su país como en España, que los cazatesoros «hacen algo» y en el fondo tratan de hacer el mejor trabajo posible?
-Su comportamiento es incompatible, como dice la Convención de la Unesco, con la protección y la gestión del patrimonio. No creo que hagan el mejor trabajo posible, porque la recuperación de materiales con la intención explícita de lucro siempre llevará a un peor trabajo arqueológico.
-¿Pero cree que se puede contratar a empresas de recuperación por su tecnología sin peligro?
-No tengo problemas con las organizaciones comerciales de muchos tipos, ni con que empleen tecnología para identificar, documentar o incluso excavar patrimonio sumergido, siempre que su principal intención no sea explotar los restos comercialmente, venderlos, especular o dispersarlos para siempre. Hay muchos ejemplos de empresas marinas que trabajan legítimamente en pecios históricos antes de desarrollar sus proyectos. Incluyo las empresas de minería, energía, e instaladoras de cables y perforadoras petrolíferas. Ahora bien, esta industria está guiada por un bien público mayor, y no se dedica a buscar deliberadamente nuestros pecios y yacimientos para lucrarse con materiales preciosos. Esta es la piedra de toque, la distinción esencial: los motivos por los que un sitio se explora.
-¿Pero habrá que vigilar todos esos trabajos, no? ¡Y si se trata de cazatesoros más! ¿De qué modo puede hacerse?
-Sencillamente no existe justificación alguna para los cazatesoros por la que deban trabajar con el ánimo expreso de destruir un yacimiento al recuperar materiales por lucro, cuando tantas de las empresas antes citadas trabajan en coordinación con las autoridades para documentar y gestionar los sitios históricos antes de realizar sus proyectos. No debemos permitirlo jamás. Así que no debemos engañarnos tratando de monitorizar lo que hacen,porque ese tipo de organizaciones realiza actividades sencillamente tan destructivas y tan contrarias a la práctica arqueológica que no hay que llevarlas a cabo bajo controles de ningún concepto. Sólo en el mar las naciones aún permiten estas cosas, en tierra los expoliadores están prohibidos desde hace mucho tiempo.
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